En una de las narraciones, cuyo título concreto no recuerdo bien - ‘niños buenos’ o algo así, la trama nos sitúa por la zona de Castilla – concretamente en León en la década de los treinta en España. Nos cuenta aquí de una niña que se educa en un colegio de monjas. La pequeña hace algo que a juicio del centro es merecedora de ser expulsada y la echan. Los padres, escandalizados por el comportamiento de su hija, para corregir y además enseñarla a estimar lo que tiene, la mandan con el abuelo a un pueblecito perdido, donde hay una escuela a cargo de un maestro, en tan precarias condiciones que mientras da las clases a los niños del pueblo cuida de un hijo comenzando a andar. Este es, someramente, el argumento de la historia de Matute. Trama que trasladada al presente, me lleva a las siguientes consideraciones:
- El colegio de monjas, con mucha probabilidad, sería escuela privada concertada, regida por las mismas leyes de educación (LOGSE, LOE,...) de la llamada pública, bajo competencia de la Comunidad Autónoma de turno en cuanto a contenidos, materias, lengua, etc.).
- Al presente, desgraciadamente, con muchísima frecuencia, se oyen casos de niños o adolescentes que faltan a los adultos, insultan y hasta golpean al maestro o superior. En los casos más espectaculares, estas acciones han sido objeto de noticia de sucesos. Y muchas veces, sin mayores consecuencias para el alumno. Desperdiciándose una magnífica oportunidad para tratar de enderezar un arbolito que empieza a deformarse.
- También parecen ser más frecuentes que antaño, los malos ejemplos, realmente poco edificantes, de los padres que, lejos de reprochar, corregir y castigar la conducta o mala acción, por el contrario, le dan razón y apoyo incondicional al hijo. Cosa grave, muy grave. Al menos para mí.
- Si los padres pensaran tomar medidas correctoras similares a la del cuento, entonces sería casi imposible para éstos cambiarla de "motu proprio" a otro centro concertado o público. (*) Tendrían que pensar en una escuela privada, no concertada, y, por tanto, no al alcance del bolsillo de la mayoría de los ciudadanos comunes de la realidad de este país.
En cuanto a la cuestión lingüística, los escolares españoles que estudian en comunidades autónomas con lengua propia, específicamente en el caso de Cataluña, hacen sus estudios en la vehicular lengua catalana. Es probable, en una mayoría de escolares, un conocimiento deficiente del castellano, lengua común del país. Así como de Historia y de Geografía de España.
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(*) En toda España se da la aberrante circunstancia de que los padres(*) no pueden mandar a sus hijos a los colegios que estiman conveniente para su educación y formación en valores, sino al que le asigne la administración pública como resultado de criterios y puntuación de méritos arbitrarios. Situación absurda que contraviene derechos universales. Sin embargo, sistemáticamente son infringidos sin contestación unánime popular. Casi todo el mundo opta por callar.
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(*)Me refiero al responsable del niño, padre, madre, tutor, abuelos , etc.
Ver también estos otros comentarios. Enlaces que detallo a continuación:
http://silvialeyendo.blogspot.com.es/2014/01/unos-muchachos-escuelas-y-maestros.html
http://silvialeyendo.blogspot.com.es/2014/01/unos-muchachos-contrastes-ii.html
http://silvialeyendo.blogspot.com.es/2014/01/unos-muchachos-contrastes-iii-cuentos.html
http://silvialeyendo.blogspot.com.es/2008/03/unos-muchachos-y-otros-cuentos-por-ana.html
5 de
septiembre de 2022: Inicio del curso escolar 2022-2023 en Cataluña. Un nuevo curso y
aquí seguimos con la matraca por parte de las autoridades (Generalitat) de la imposición de la lengua
catalana como VEHICULAR UNICA, que conlleva oficialmente, en las aulas catalanas públicas
y concertadas, a la enseñanza del castellano a tres clases semanales, el mismo tiempo
que se dedica al francés , alemán o al chino. No incluyo el inglés porque a
éste, sí que le suelen dar rango preferencial y destinar, aparte de las clases
del estudio de esa lengua, alguna otra
de las asignaturas del curso, tal como Ciencias (“Sciencies”)¡ Qué
incongruencia!, ¿verdad? Una más de las que se dan en estos lares, pero que, en
conjunto, evidencian el grado de la intolerancia implantada en los órganos
máximos de gobierno que rigen en esta Comunidad con el consentimiento expreso o
pasivo del gobierno central. Cuestión esta última también muy antigua. Se les
ha dejado hacer y así estamos.
El caso es que la sentencia del Tribunal Supremo
en relación al 25% de clases en castellano no sólo no se cumplirá, sino que
para su transgresión, la Generalitat ha
promulgado una ley que sigue violando los derechos fundamentales de los
pequeños ciudadanos catalanes que tienen por lengua materna el castellano, ante
la pasividad más absoluta de la llamada Justicia(Supremo y Constitucional), el
Gobierno central de la coalición PSOE-Unidas Podemos, los grandes medios de
comunicación que tratan la cuestión muy por encima y, tristemente, todos nosotros,
la opinión pública general.
Seguidamente detallo enlace con artículo sobre la
cuestión publicado por “The Objetive”:
https://theobjective.com/espana/2022-09-04/escuelas-dejaran-castellano/
"La situación del castellano en las escuelas públicas de Cataluña regresa a un punto anterior a 2015. Después de que el Gobierno de Pedro Sánchez agotara el plazo para impugnar ante el Tribunal Constitucional el nuevo decreto educativo del Govern, el conseller de Educació, Josep González-Cambray, ha informado a los centros a través de un carta de que «ningún aula de Cataluña ni ningún centro educativo aplicará el 25 % del castellano». Esto significa que a partir de este lunes, cuando empieza el curso 2022-2023, las 27 escuelas que ya impartían este porcentaje mínimo de horas lectivas en la lengua materna de más de la mitad de los catalanes deberán dejar de hacerlo(...).Cabe recordar que este 25% de clases en castellano significaba que, además de la asignatura de Lengua Castellana, se debía ofrecer otra materia en esta misma lengua con el fin de no tratar a este idioma como una lengua extranjera, como es el inglés o el francés(...)un recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional hubiera frenado de forma inmediata el nuevo decreto educativo catalán que esquiva el 25%. Pero el plazo para hacerlo, de tres meses, agotó el pasado 30 de agosto. La Justicia catalana ha declinado aplicar medidas cautelares y ha enviado el asunto al Constitucional para que analice si el decreto -así como la Ley del catalán 8/22- se atienen a la Constitución".