Al citar y luego comentar un poco sobre el deplorable suceso de Bangladés, olvidé exponer dos aspectos tratados
en esta breve narración, para mi modesto entender de enorme contraste con la
práctica real en España, especialmente en estos últimos tiempos.
En la ficción literaria, se narra cómo la eficaz intervención de un notario que cumple su obligación de
verificar las condiciones de legitimidad exigidas por ley, impide se formalice
un contrato y, además, da pie al inicio de investigaciones para el
esclarecimiento de la verdad. Reflexiono si en tantas y tantas
operaciones formalizadas ante agentes y notarios (hipotecas con cláusulas abusivas, adquisición de preferentes, créditos indiciados,
adquisición de valores,
etc., etc.), en las que ahora se están suscitando sospechas de atropellos por parte de las
entidades de crédito, podrían
algunos de nuestros fedatarios públicos(agentes, corredores, notarios,
registradores…) haber
olvidado sus elementales funciones de verificación de identidad,
asesoramiento, etc.; funciones por las que, además, cobran un importante milletaje sobre
el nominal de la operación, pagado por el titular de la operación y no por la entidad crediticia. Y me pregunto si, en
aquellos casos en que hubiere ocurrido esta omisión, ¿responderán por ello?
Creo que no y además ni siquiera tendrán el merecido descrédito ante la opinión
pública.
(*) Últimamente la Infanta Cristina y su esposo han sido añadidos a la lista.
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23 de marzo de 2017: A principio de este año 2017, se supo de un fallo del Tribunal Supremo en relación a los gastos de constitución de hipoteca que según este alto tribunal de la llamada Justicia española, debían ser satisfechos en su totalidad por la entidad crediticia, o, al menos, la mitad. Seguidamente, copio y pego, párrafo de información publicada por elpais.com, de fecha 3.1.2017.
"El Supremo declaró en diciembre de 2015 como abusivas las cláusulas que imponen al cliente todos los gastos de formalización de hipotecas, cuando deberían asumirlos los bancos en su totalidad o, al menos, la mitad, porque son las entidades las interesadas en registrar la escritura hipotecaria. Desde entonces, la Audiencia Provincial de Zaragoza, un juzgado de Pontevedra, otro juzgado de Granollers y otro de Oviedo, al menos, han dado la razón a los clientes...En este caso son los gastos de la escritura hipotecaria, es decir, los del notario, los del Registro de la Propiedad, los de la gestoría (cuando es la propuesta por el banco) y el impuesto de Actos Jurídicos Documentados."
También copio y pego nota marginal publicada en el mismo medio acerca de los notarios:
Los notarios: “Nuestro papel es advertir” íñigo de Barrón
Como en las cláusulas suelo, ahora que estallan escándalos con las condiciones de las hipotecas, hay muchos ojos puestos en el papel de los notarios, que deben advertir al cliente de las condiciones que firman en el contrato.Fuentes del Consejo General del Notariado, recuerdan que no es su papel cambiar cláusulas “porque eso debe hacerlo un juez”. Sin embargo, sí admiten que en el caso de unos gastos que paga el cliente sin que sea una obligación legal, deberían advertirlo, “y lo hacemos”, aunque esa no es la sensación de muchos hipotecados. También apuntan que ellos no saben si este pago es parte de un acuerdo entre el cliente y el banco y niegan estar de parte de las entidades.
5 de julio de 2021: A pesar de toda la polvareda que entonces se levantó, las cuestiones aquí planteadas en relación a las cláusulas abusivas de la Banca han quedado si no olvidadas, sí postergadas, muy postergadas.
Y en cuanto a la cuestión de la manipulación de la opinión pública sólo me queda recordar los horrendos disturbios provocados en Barcelona en octubre de 2019, cuando se supo la sentencia del Tribunal Supremo contra los condenados por "el procés"( los políticos catalanes sediciosos) y en febrero 2021 cuando bajo el lema de "Llibertat de expressió" de nuevo ardió Barcelona cuando se ejecutó la sentencia de encarcelamiento de "un cantante" que se hace llamar Hacél , y los establecimientos y comercios fueron otra vez saqueados.
Una opinión pública que por contraste ha permanecido quieta- parada- ante la pésima gestión del COVID-19, y sus estragos, principalmente entre los más mayores y en las residencias y geriátricos en los que vivían. A lo cual hay que sumar la implantación de decretos y leyes como la llamada ley Celaá y la de de eutanasia y como guinda del pastel, el indulto a los políticos catalanes.
En resumen, me pregunto - una vez más- qué y quiénes están detrás moviendo los hilos.