"El jurado", publicada en 1996, novelaen las que John Grisham despliega con precisión su visión del sistema judicial estadounidense. No es casual: antes de convertirse en el novelista más vendido de EE.UU., ejerció como abogado y militó en el Partido Demócrata. Su experiencia se nota. En obras como La tapadera, El informe Pelícano o Legítima defensa —todas llevadas al cine— Grisham convierte los tribunales en escenarios donde se cruzan intereses económicos, estrategias turbias y una justicia que rara vez aparece como neutral.
En El jurado, la trama se sitúa en Nueva Orleans, en plena zona del Golfo, y gira en torno a una demanda contra una poderosa industria tabacalera. Los personajes centrales —Wendall Rohr, Rankin Fitch, Nick Easter y Marlee— encarnan distintas formas de presión, manipulación o interferencia en el proceso judicial. El jurado popular, teóricamente pilar democrático del sistema anglosajón, aparece aquí como una institución vulnerable, expuesta a influencias externas y a la compra de voluntades.
Grisham no salva a nadie: ni la defensa, ni la acusación, ni el propio jurado actúan con ortodoxia. Todos, como suele decirse, “traen el agua a su molino”. Y el juez que arbitra el caso lo hace con una candidez que roza, pienso, la negligencia. El resultado es una visión descarnada de la justicia estadounidense: un territorio donde quien tiene la bolsa más llena inclina la balanza a su favor.
Hasta aquí, ficción. Pero la lectura, inevitablemente, me lleva a pensar en nuestra realidad.
La justicia española: lentitud, coste y sospecha
En España no tenemos un jurado con el arraigo cultural del mundo anglosajón. Aquí confiamos más en tribunales profesionales, lo que crea una distancia entre ciudadanía y sistema judicial. Pero el problema, a mi juicio, no es tanto el modelo como su funcionamiento real.
La justicia española es lenta. Lentísima. Y esa lentitud es una forma de injusticia: un proceso que se prolonga durante años favorece siempre al litigante con mayor solvencia económica, capaz de resistir, recurrir y pagar abogados durante todo el tiempo que haga falta.
Además, es cara. Litigar en España supone asumir costes elevados, lo que convierte la igualdad ante la ley en un principio más teórico que práctico.
A esto se suma la creciente politización del discurso sobre la justicia. En estos momentos hay numerosas causas que afectan a familiares del presidente del Gobierno, a exministros y a altos cargos del PSOE. La reacción de algunos de ellos —y de su entorno mediático— ha sido recurrir al término lawfare, insinuando veladamente una prevaricación judicial.
Conviene recordar que la prevaricación es una acusación gravísima y que solo puede establecerse mediante resolución judicial firme. Las insinuaciones políticas, por muy ruidosas que sean, no sustituyen a los hechos ni a las sentencias. Es importante contrastar siempre estas afirmaciones con fuentes fiables y con las decisiones de los tribunales.
Una conclusión incómoda
La novela de Grisham muestra un sistema judicial contaminado por intereses económicos. Y, aunque los mecanismos sean distintos, la sensación de fondo es universal: la justicia, cuando es lenta y costosa, deja de ser igual para todos.
En Estados Unidos, en España y en cualquier parte del mundo, la justicia se vuelve más accesible para quien puede pagarla y más esquiva para quien no. Grisham lo narra desde la ficción; nosotros lo vemos cada día en los titulares.
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