“Aquel país lejano”, Nevil Shute - (La ciudadanía como contrato)

El fenómeno migratorio y su problemática es un factor en constante crecimiento en todos los países avanzados europeos, entre los cuales es contada España.  

Esa España que encima tiene la particularidad de contar con parte de su territorio nacional, dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, y el archipiélago canario, las unas en el norte del continente africano y las islas en la plataforma africana, colindantes, además, con Marruecos, país **emergente**, con una economía **diversificada** pero marcada por fuertes **desigualdades sociales**, cuya riqueza se concentra en el eje **Casablanca–Rabat–Tánger**, con amplias zonas rurales rezagadas, donde la pobreza, la **desigualdad** y el **desempleo juvenil** son elevados, y la participación laboral femenina es muy baja.   [World Bank Group](https://www.worldbank.org/ext/en/country/morocco)  [El Debate](https://www.eldebate.com/economia/20260801/crisis-ceuta-deja-descubierto-grietas-milagro-economico-marruecos_445708.html).

La crítica situación creada en Ceuta por la invasión de unas setenta mil personas a finales de julio pasado, ha traído a mi memoria la novela de Nevil Shute, “Aquel país lejano”, cuya trama se desarrolla en la Australia de los años cincuenta, inmediatos a la SGM. Ver comentario: silvialeyendo: Aquel país lejano, Nevil Shute.

Entre las muchas observaciones aportadas por la novela, hay una que merece ser destacada con luz propia: las normas migratorias vigentes en Australia en la época descrita, según las cuales los recién llegados debían trabajar dos años para el gobierno antes de obtener la ciudadanía. No era un requisito simbólico, sino un compromiso real, pensado para asegurar mano de obra en un país joven y en expansión, y para seleccionar a quienes estuvieran dispuestos a contribuir de manera efectiva a la construcción nacional.

Este dato, recogido en la nota (1) de la entrada original, ilumina la novela desde un ángulo político: la prosperidad australiana era un proyecto estatal que exigía esfuerzo, disciplina y una integración basada en obligaciones concretas.

 En tiempos en que los movimientos migratorios son masivos y complejos, esta antigua política australiana invita a reflexionar sobre un punto esencial: la ciudadanía no es únicamente un derecho; también puede ser un contrato que implique responsabilidades previas y verificables.

 

La ciudadanía como contrato: una reflexión desde Shute y desde Ceuta

La política australiana que describe Shute —ese requisito de trabajar dos años para el Estado antes de acceder a la ciudadanía— no era una simple formalidad burocrática. Era una declaración de principios: quien deseaba formar parte del país debía demostrar primero su voluntad de contribuir a él. La ciudadanía, en aquel contexto, no era un premio automático ni un derecho desligado de obligaciones; era un pacto entre individuo y comunidad, un contrato moral y práctico.

Hoy, cuando España afronta episodios tan extremos como la entrada masiva de decenas de miles de personas en Ceuta, aquella idea adquiere una resonancia inesperada. No porque debamos copiar modelos pretéritos sin más —cada país y cada época tienen sus circunstancias— sino porque la noción de ciudadanía como responsabilidad compartida ha desaparecido casi por completo del debate público. Se habla de derechos, de acogida, de integración… pero muy poco de obligaciones, de reciprocidad, de los límites materiales y sociales que cualquier Estado debe gestionar para no fracturarse.

La crisis ceutí ha mostrado, con crudeza, que un sistema migratorio sin criterios claros, sin mecanismos de integración real y sin exigencias verificables, termina generando un doble daño: para quienes llegan y para quienes ya viven allí. Y en ese vacío de responsabilidad —política, administrativa y moral— la ciudadanía se convierte en un concepto difuso, casi sentimental, desligado de la realidad.

Quizá por eso la novela de Shute sigue siendo pertinente: recuerda que la prosperidad de un país no se sostiene solo en la buena voluntad, sino en normas que articulan la convivencia y en compromisos que todos deben asumir. La ciudadanía, entendida como contrato, no excluye; ordena. No castiga; protege. No levanta muros; establece reglas que permiten que la comunidad funcione sin que unos paguen el precio del desorden que otros generan.